En un esfuerzo por reforzar el marco normativo contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el gobierno mexicano ha reformado la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado.
Este nuevo paquete de reformas, vigente a partir de 2025, modifica de fondo las obligaciones de muchas empresas, incluyendo giros que antes no eran considerados de riesgo. Además, endurece los controles, expande facultades de supervisión y exige nuevas medidas operativas que no pueden pasarse por alto.
A continuación, te comparto los cambios más relevantes, explicados con enfoque empresarial:
🔍 1. Se amplía el catálogo de actividades vulnerables
La reforma reconoce que el lavado de dinero evoluciona constantemente. Por eso, ahora se incluyen más giros y operaciones como “actividades vulnerables”, lo que significa que están sujetas a monitoreo, identificación de clientes y obligaciones de reporte ante la autoridad.
Algunos cambios clave:
Desarrollos inmobiliarios: ahora se vigilan no solo las compraventas, sino también la construcción y la recepción de recursos para proyectos inmobiliarios. Si participas en este sector, estás obligado a identificar clientes y reportar ciertas operaciones.
Activos virtuales: las operaciones con criptomonedas quedan oficialmente dentro del alcance de la Ley. Esto incluye movimientos realizados desde el extranjero por ciudadanos mexicanos, cerrando un vacío importante.
Otros sectores: también se incorporan giros y operaciones que, por su naturaleza, pueden facilitar movimientos ilícitos: desde servicios de custodia de valores hasta la constitución de fideicomisos o esquemas empresariales complejos.
💡 Si tu empresa toca alguno de estos sectores, es momento de revisar tus procesos internos.
💰 2. Se modifican los umbrales de identificación
Antes, muchos de los montos clave para reportes estaban definidos en salarios mínimos. Con esta reforma, se reemplazan por Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo cual genera una base más estable y técnica.
Además, se ajustan los montos mínimos para la identificación de operaciones en efectivo, que es uno de los puntos más sensibles para la autoridad fiscal.
🧾 3. Nuevas obligaciones sobre beneficiarios controladores
Uno de los pilares de esta reforma es la transparencia en la estructura de propiedad de las empresas.
A partir de ahora:
Será obligatorio registrar ante la Secretaría de Economía a los beneficiarios controladores de las sociedades mercantiles.
Se reduce el umbral de control del 50% al 25% de participación, ya sea directa o indirecta.
Las empresas deben tener la capacidad de identificar, documentar y actualizar esta información.
Esto implica que cualquier estructura societaria compleja deberá ser trazable y transparente, tanto para las autoridades fiscales como financieras.
🧠 4. Más facultades para la UIF y monitoreo de PEPs
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades ahora tienen mayores facultades de supervisión. Entre las nuevas exigencias:
Implementar procesos para identificar y monitorear a Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
Facilitar auditorías e inspecciones con base en información cruzada entre instituciones.
Este cambio busca cerrar las puertas a los flujos de dinero relacionados con corrupción, tráfico de influencias y otros delitos financieros.
⚙️ 5. Obligaciones operativas más robustas
Esta reforma no solo impone reglas: exige infraestructura, capacitación y cultura de cumplimiento.
Las empresas que realicen actividades vulnerables deberán:
Adoptar un enfoque basado en riesgos, es decir, identificar las áreas más propensas a operaciones ilícitas y actuar en consecuencia.
Implementar sistemas automatizados de monitoreo transaccional, que permitan detectar operaciones sospechosas en tiempo real.
Realizar auditorías anuales internas o externas, dependiendo de su nivel de exposición.
Conservar información y documentación durante 10 años, duplicando el plazo anterior.
Documentar manuales internos, políticas y procedimientos de cumplimiento.
⚠️ ¿Qué pasa si no cumples?
Las sanciones ya no son menores.
Por ejemplo:
Una falta en un solo aviso a la UIF puede generar multas que superen los 2 millones de pesos.
El congelamiento de cuentas se activa con mayor agilidad en caso de incumplimiento.
Y lo más delicado: el desconocimiento de la ley ya no es una defensa válida.
La autoridad presume que, si participas en actividades vulnerables, conoces tus obligaciones y has tomado las medidas necesarias para cumplir.
🧩 ¿Qué puedes hacer como empresa?
✅ Diagnóstico: identifica si tu empresa entra en las nuevas actividades vulnerables. ✅ Registro: da de alta tus operaciones en el portal de la autoridad y establece procedimientos claros. ✅ Documentación: desarrolla manuales internos, políticas de cumplimiento y registros de clientes. ✅ Capacitación: forma a tu equipo en estas nuevas obligaciones. ✅ Acompañamiento legal y fiscal confiable: no improvises. El riesgo no es solo administrativo, es financiero y reputacional.
👥 En ALC podemos ayudarte
En ALC Asesoría Legal y Contable ayudamos a empresas como la tuya a cumplir con estas nuevas obligaciones de forma estratégica, personalizada y sin frenar la operación diaria.
Con nuestro modelo de Consultoría 360, te apoyamos con:
Diagnóstico inicial
Implementación de controles y manuales
Capacitación para tu equipo
Presentación de reportes ante la UIF
Y seguimiento continuo, sin igualas forzosas, por paquetes de horas.
📌 Conclusión
La reforma a la Ley Antilavado no es una actualización menor: es una redefinición total del enfoque de cumplimiento en México. Ignorarla puede costar caro. Pero cumplir, de manera organizada y con visión de negocio, te protege y te posiciona como una empresa responsable y sólida ante autoridades y clientes.
En ALC estamos listos para ayudarte a implementar todo esto… sin complicarte.
